A 10 años de la Accesibilidad web en el Estado: ¿Y el sector privado para cuándo?

Hoy en día, el sector privado sigue estando al margen de esta conversación. Actualmente, no existe una obligación legal que exija a las empresas que atienden público a garantizar la accesibilidad de sus sitios web. Y aunque algunas industrias, como la banca, han incorporado estándares de accesibilidad de forma voluntaria, la gran mayoría de los sitios privados aún excluyen a miles de personas con discapacidad de una experiencia digital plena. 

Esta falta de regulación concreta refleja una visión fragmentada de la inclusión, como si la accesibilidad fuese una responsabilidad exclusiva del Estado, y no una exigencia transversal para todo actor que ofrece servicios a la ciudadanía.

El escenario es peor si lo comparamos con otras partes del mundo: la Unión Europea, por ejemplo, ha dado un giro importante con la implementación de la Ley Europea de Accesibilidad (European Accessibility Act), que entra en plena vigencia en junio de este año. Esta ley no solo exige la accesibilidad en servicios digitales públicos, sino también en empresas privadas que ofrecen productos y servicios al público. 

Lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos, donde el Título III de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA) ha sido interpretado reiteradamente por los tribunales como aplicable a sitios web de empresas privadas, generando una cultura de cumplimiento que ya es parte del estándar.

En Chile, en cambio, el enfoque institucional ha sido tibio. Aunque contamos con la Ley 20.422 y con avances como la creación del SENADIS, la transformación digital inclusiva sigue siendo una promesa incompleta. 

¿Qué pasa con el sector privado que atiende al público en Chile? Aún con sus servicios esenciales y masivos, siguen sin la obligación de contar con sitios y apps accesibles para todo público.

La accesibilidad digital no es una opción. Es un derecho. Y también es una oportunidad: en un país que envejece y con una creciente conciencia sobre diversidad funcional, garantizar entornos digitales accesibles no solo es justo, sino también rentable y sostenible. En 2Brains.lat lo vemos todos los días: la inclusión no es un lujo, es una responsabilidad de diseño.

Chile tiene hoy la posibilidad de avanzar hacia una legislación moderna, que esté a la altura de los compromisos internacionales y del estándar que ya adoptan mercados más desarrollados. No se trata solo de códigos o directrices técnicas como las WCAG. Se trata de voluntad política y visión de futuro. Incluso, recientemente se presentó un proyecto que busca garantizar la accesibilidad universal a la información pública en el país, lo cual marca un paso importante, pero todavía insuficiente frente al desafío completo de la inclusión digital.

A diez años del Decreto Supremo N°1, es momento de mirar más allá del Estado y poner sobre la mesa una pregunta urgente: ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que la exclusión digital sea parte de nuestra normalidad?